Responsabilidad fiscal: una ley inoperante

Cecilia Cifuentes

“En Chile existe un amplio consenso sobre la importancia de la responsabilidad fiscal”. Es una frase que hemos escuchado en forma permanente en los últimos 40 años. Y como no, si entre 1975 y 2013 el país registró un superávit fiscal promedio algo superior a 1% del PIB, a pesar de todas las crisis que se enfrentaron, siendo además en este aspecto un caso excepcional, no sólo en América Latina, sino también a nivel mundial.

“¿Y de qué le sirve eso a un ciudadano común?”, se podría preguntar el lector. Lo cierto es que mucho, ya que permite que tanto las empresas como las personas se puedan endeudar a menores costos, hay mayores fondos disponibles para inversión y no se deben destinar recursos de los contribuyentes a pagar intereses de la deuda pública. Basta mirar a nuestros vecinos argentinos para darse cuenta de lo doloroso que resulta una crisis fiscal para un país. Sin duda, nuestra historia de responsabilidad fiscal es la razón principal de la favorable clasificación de riesgo soberano de Chile, dado que en otras materias somos aún bastante deficitarios. No es coincidencia que el período de más alto crecimiento del PIB sea también de gran responsabilidad fiscal.

¿Pero sigue siendo cierto que somos fiscalmente responsables? En los discursos, sin duda, y de hecho es destacable la claridad que en esta materia han tenido el ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos, planteando con nitidez lo exigidas que están las cuentas fiscales, y los riesgos de desviar el rumbo en este ámbito.

Sin embargo, “por sus frutos los conoceréis”, y si se trata de mirar los números fiscales, la verdad es que hace ya bastante tiempo que la disciplina es más un discurso que un hecho comprobable. Sin ir más lejos, entre 2014 y 2020 el déficit fiscal será en promedio de un 2,6% del PIB, lo que significa un aumento de endeudamiento cercano a un 20% del PIB, es decir, la relación deuda/PIB casi se triplica en siete años. Y más grave aún, se ve difícil que esto se pueda revertir en un plazo razonable. La apuesta más segura es un nuevo deterioro en nuestra clasificación de riesgo.

¿Qué pasa, entonces, con la Ley de Responsabilidad Fiscal? ¿No se está cumpliendo? Se cumple, pero lo cierto es que esta ley sólo establece que al inicio de cada gobierno se debe promulgar un decreto que establezca las metas fiscales por cuatro años, decreto que puede ser modificado, como de hecho acaba de ocurrir, y en un grado muy significativo. A inicios de 2018, con un déficit estructural de 2% del PIB el año anterior, el gobierno se comprometió a reducirlo en 0,2 puntos del PIB por año, es decir, en 2022 el déficit fiscal estructural se ubicaría en 1% del PIB.

Los efectos del estallido de violencia han sido muy negativos en materia fiscal, tanto por los menores ingresos como por el fuerte aumento de los compromisos de gasto. De esta forma, el nuevo decreto establece un déficit estructural de 3,2% del PIB en 2020, pasando a un 2,5% en 2021 y a 2% en 2022. Es probable que estas metas deban ser nuevamente modificadas, por cuanto resultan de supuestos bastante optimistas de ingresos fiscales (más de 4% real de crecimiento por año), junto con un gasto que no puede crecer más allá de 1,5% anual promedio. En la última década ha crecido a una tasa de 6% real al año, que al parecer ha contribuido poco a satisfacer las demandas sociales.

La conclusión parece evidente: la responsabilidad fiscal ha pasado a ser parte de la mitología que el mundo político intenta vender a la ciudadanía, mientras parecen no tener límites cuando se trata de destinar más y más recursos a un Estado claramente deficiente.